Hasta hace unos meses, la educación online suponía en España un pequeño porcentaje del total de alumnos. Pero con la aparición del COVID-19 en China, y su posterior expansión por el resto del mundo, siendo los países más castigados EEUU, Gran Bretaña, Italia, España, Francia y China, ese porcentaje ha aumentado.
Con la llegada del virus a España se tuvo que ordenar el estado de alarma, el cierre de centros de educación y el confinamiento de la población. Como consecuencia unos diez millones de alumnos se han tenido que quedar en casa sin poder acudir a los centros educativos. Esto ha supuesto que la enseñanza ha pasado de ser presencial a online, de la noche a la mañana, para la inmensa mayoría de los alumnos y docentes, con todos los inconvenientes que suponen este tipo de cambios tan radicales en poco tiempo.
El principal problema que ha ocasionado este cambio es que no había, ni hay, una unidad de acción en las diferentes administraciones, ni en los diferentes centros, cada centro hace lo que puede y lo que sabe. Las herramientas utilizadas por los distintos centros también son diferentes y eso puede crear problemas en materia de protección de datos. Por otro lado, las plataformas utilizadas para dar clase se han saturado debido a ese aumento sin precedentes de la demanda online, aunque poco a poco ha ido mejorando en ese sentido.
Para solucionar este problema, los centros han optado por utilizar aplicaciones gratuitas de grandes empresas conocidas, como Google o Microsoft. Pero no todos están contento con el uso de estas aplicaciones, porque esas compañías privadas acaban recopilando datos personales.
En el caso de Google, al tener un software que no es de código abierto, no puede ser auditado por terceros para comprobar qué ocurre con esos datos que recopilan. En el peor de los casos, los datos que pueden quedar expuestos son de menores que están utilizando esas herramientas para recibir su educación y que, en ningún momento, tienen la intención de ceder sus datos a nadie, solo quieren dar clase.
No son pocos los centros que nos han preguntado sobre la seguridad de algunas aplicaciones online para poder dar clase, hacer presentaciones, hacer conferencias, realizar actividades… en definitiva aplicaciones de índole muy variada y que necesitan de un análisis de su funcionamiento y de sus políticas de privacidad, todo ello para evitar que los datos de los alumnos acaben expuestos. Es necesario conocer a fondo cómo van a usar nuestros datos, para que no haya ningún uso fraudulento de estos al ser utilizados con otros fines que no sean ofrecer el servicio requerido, ni que se vendan a terceros. También será necesario comprobar que, en esas aplicaciones, se pueden ejercer los derechos contemplados en el RGPD, ya que si ocurre algún problema con los datos cedidos hay que conocer los derechos que disponemos y saber cuál de ellos utilizar para solucionar nuestro problema.
Para finalizar, esto es muy importante y a veces se olvida, es necesario que los padres tengan conocimiento sobre qué aplicaciones están usando sus hijos menores de 14 años, para que den su autorización y se puedan registrar utilizando los datos de los adultos, de forma que los datos del menor queden lo más protegidos posibles.