En concreto la Directiva a la que España no se ha adaptado es la de Protección de Datos Personales en el marco de la Prevención y detección de infracciones penales. En esta Directiva. La Directiva está vigente desde abril de 2016, y tenía prevista su transposición a las legislaciones nacionales para el año 2018. Desde entonces España se ha excusado en el clima político que se vivía y la necesidad de articular las modificaciones a través de una Ley Orgánica.
No ha sido hasta este mes en el que el Gobierno ha presentado un Proyecto de Ley Orgánica que, pese a ser tramitada de forma urgente ya no alcanza para evitar la sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que añade una multa diaria de 89.000€ por cada día que se dilate en su entrada en vigor.
El objeto de la Directiva es , por un lado proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales cuando son tratados por autoridades policiales o judiciales en materia penal, y por otro facilitar con garantías el intercambio de estos datos por parte de las autoridades competentes en el interior de la Unión Europea.
Juan Carlos Álvarez
Socio-Consultor en cohaerentis
Especialista en Competitividad y Derecho Digital
