Con la evolución de la pandemia, han sido varias las administraciones públicas y empresas que han desarrollado medios por los que tratan datos de salud de las personas en la lucha contra el COVID 19.
No obstante, durante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados del pasado 11 de junio, donde participó la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, se cuestionaron determinadas actuaciones que llegaron a considerarse como “autoritarias” al entender que sobrepasan los límites de la normativa de protección de datos. En concreto se habló sobre las 86 reclamaciones y 14 actuaciones de investigación que han entrado en sede de la AEPD, en relación con el tratamiento de datos de salud y el covid 19. Estas reclamaciones han surgido como consecuencia de las comunicaciones de datos sobre afectados por coronavirus y la medida impuesta de toma de temperatura de particulares. Por su parte las actuaciones de investigación tienen como punto de partida el desarrollo de aplicaciones mediante las cuales se procedía al seguimiento de usuarios de las mismas, en vistas de poder trazarles, mediante geolocalización, evitando posibles contagios. En concreto, se han investigado las aplicaciones desarrolladas por la Comunidad de Madrid, la valenciana y la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y la iniciativa de análisis de movilidad del ministerio de transportes.
La directora de la AEPD recalcó en su discurso que, al igual que la normativa ha estado y continuará estando a disposición de las administraciones públicas para ayudar en el tratamiento de datos de salud, las administraciones deben sujetarse a la misma, solicitando así una actuación conjunta, pues independientemente de su disponibilidad, resulta necesario la actuación proactiva de las administraciones en la consulta para el desarrollo de aplicaciones y medios por los que se tratan datos de salud. La directora de la AEPD no duda que la finalidad que les une a todos es poder garantizar el bienestar y salud de los ciudadanos y la normativa en materia de protección de datos y la AEPD no deben suponer una barrera para esto, no obstante, los derechos y garantías sobre la privacidad de los ciudadanos no pueden paralizarse ni obviarse, sino que deben ampararse en buscar el equilibrio y convivencia entre la seguridad de los datos personales y la seguridad sanitaria.
Durante el transcurso del debate, la directora aprovechó para solicitar la realización de un pacto de Estado, pues, considera que el camino por recorrer en materia de protección de datos es todavía largo, recordando así que las actuaciones que se realizan en contra de la normativa no son impunes sino que de ellas deriva responsabilidad tanto en el ámbito público como en el privado, así como una mejora en los medios con los que cuenta la Agencia para un mejor funcionamiento de la misma.
En conclusión del debate se puede sustraer que al mismo tiempo que los medios digitales han servido, en concreto, como instrumentos valiosos en la lucha de la crisis, seguirán estando en la época “post-coronavirus” y que sin duda cada vez es más inminente la necesidad de garantizar una seguridad en el ámbito digital para los ciudadanos, y ello conlleva adoptar medidas y contribuir a la expansión de órganos como la AEPD, que abogan por la seguridad ciudadana.
