Un nuevo Reglamento para la Administración Electrónica

Cualquiera que haya hecho el esfuerzo de mantener una relación exclusivamente por medios digitales con la Administración Pública ha sufrido el caótico desarrollo que, a golpe de iniciativas sin ningún tipo de marco y directriz común, se ha producido.

El nuevo Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público (Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo), en vigor desde el 2 de abril, tiene por objetivo corregir los defectos que una transformación digital desigual y acelerada con la Pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto.

Entre sus novedades destacamos:

• Se desarrolla y concreta el empleo de los medios electrónicos para garantizar el trámite de los procedimientos administrativos, tanto para los ciudadanos que tienen esta vía como obligatoria como para los que los que decidan utilizarla de forma voluntaria.
• Se crea el  Punto de Acceso General electrónico (PAGe), y la Carpeta ciudadana en el Sector Público Estatal. Además se regula el contenido y los servicios mínimos a prestar por las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y el funcionamiento de los registros electrónicos.
• Se promueve la mejora de la experiencia de usuario del ciudadano en la relación con la administración por vía electrónica.
• Se pone orden al marco legal.

Además la norma establece una serie de principios orientadores (que el sector público debe respetar), con los que se puede fácilmente deducir los problemas con los que, hasta la fecha nos encontramos:

• Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas.
• El principio de accesibilidad (de especial interés para las personas mayores o con algún tipo de discapacidad).
• El principio de facilidad de uso.
• El principio de interoperabilidad (entre los diferentes sistemas de la administración pública)
• El principio de proporcionalidad, (se deben exigir las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos.)
• El principio de personalización y proactividad, (al perfil del ciudadano, partiendo de la información que ya se conoce de él).